La condena impuesta a Luis Morales Villanueva (a) “El Comandante” es la sentencia condenatoria más alta otorgada durante la presente Administración

El Agente del Ministerio Público Federal acreditó plenamente la culpabilidad de Luis Morales Villanueva (a) “El Comandante”, líder de la banda de secuestradores “Los Cobra”, responsable de los delitos de Delincuencia Organizada y Privación Ilegal de la Libertad, y obtuvo de la justicia federal la imposición de la pena máxima prevista por la ley de 60 años de prisión.

Cabe destacar que dicha sentencia es la más grande que se ha dictado en la presente Administración, y se deriva del trabajo que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en el combate a la delincuencia organizada, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

La condena emitida a Morales Villanueva dentro de la causa penal 38/2004 es la pena máxima que se ha impuesto en la presente administración y que conforme a la ley es de 60 años de prisión y 14 mil 501 días multa, así como destitución e inhabilitación por el tiempo que dure preso, y el pago por la reparación del daño causado por el secuestro de siete personas por 626 mil 790 pesos, al ser considerado penalmente responsable de los delitos de Delincuencia Organizada y siete diversos injustos legales de Privación ilegal de la Libertad.

Luis Morales Villanueva (a) “El Comandante” se desempeñó como elemento de un grupo de fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cargo que aprovechaba para realizar funciones de dirección dentro de la organización criminal dedicada al secuestro denominada “Los Cobra”.

Como se recordará, “El Comandante” fue detenido el 30 de julio de 2004 en las inmediaciones del cuartel del “Grupo Cobra”, ubicado en la colonia Balbuena, del Distrito Federal durante un operativo conjunto entre personal de la Agencia Federal de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

Esta sentencia, más todas las impuestas por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación en contra de integrantes de bandas delictivas durante la presente administración, forma parte de la obligación constitucional de la Procuraduría General de la República de aportar los elementos jurídicos necesarios para que la autoridad judicial imponga las sanciones penales que contempla el Estado de Derecho para castigar a los delincuentes que vulneran la tranquilidad de los mexicanos.

FUENTE SITIO WEB DE LA PGR